ELTIEMPO.COM - MEDELLÍN -- Minsalud y Unfpa capacitarán a profesionales de la salud en atención de víctimas de violaciones. En Colombia, cada hora, cerca de nueve mujeres sufren agresiones sexuales, en su gran mayoría niñas y adolescentes menores de 18 años, según cifras de Medicina Legal. Aún más alarmante resulta el hecho de que solo uno de cada 20 casos de violencia sexual es denunciado. La entidad realizó, entre el 2007 y el 2009, 49.711 dictámenes sexológicos por violencia y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Además, se estima que en el país hay 30 mil menores de edad explotados sexualmente y que, al menos, 45 mil mujeres ejercen la prostitución en calidad de víctimas de trata de personas.
Junto a las mujeres, también menores de edad e integrantes de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) son agredidos sexualmente y, aunque no hay estadísticas exactas, se sabe que un pequeño porcentaje de estos grupos accede a los servicios de salud en busca de atención por esta causa.
Teniendo en cuenta este panorama, el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) pusieron en marcha desde este mes, y hasta noviembre, a través de talleres y una plataforma virtual, la formación de profesionales en distintas áreas de la salud, para la implementación del Modelo de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia Sexual. EL TIEMPO habló con Isabel Soriano, directora del proyecto.
¿Cómo se va a formar a estos profesionales?
Son 120 horas de formación, con 16 horas presenciales en talleres que tendrán lugar en Cali, Medellín, Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá. Mediante una plataforma virtual se aprenderá la base teórica, es decir, el modelo de atención integral que tiene diferentes módulos, como los sistemas de vigilancia de las violencias de género y sexuales, la normativa y el marco político colombiano, la promoción y las redes de atención territorial. En los talleres presenciales trabajamos cuestiones más dinámicas, vivenciales o emocionales. La idea es poner en práctica la teoría que reciben y que aprendan a aplicarla.
¿A quiénes está dirigida la formación?
A referentes en salud mental, salud sexual y reproductiva, médicos y personal de enfermería, o quienes están en la gestión de los sistemas de salud, de servicios y de vigilancia epidemiológica. Se trata de hacer una conjugación entre la asistencia clínica y quienes tienen capacidad de poder desarrollar programas de atención. Formamos 180 profesionales, pero la idea es que cuando ellos se formen, puedan ir a sus centros de salud o clínicas y comunicar o replicar lo aprendido.
Insiste en que es clave la atención inicial a las víctimas de abuso sexual. ¿Por qué?
La violencia sexual es una vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas. El grupo más afectado son las mujeres, pero también hay niñas, personas de la comunidad LGBTI y hombres, sobre todo en contextos de conflicto armado. Atender a las víctimas debe entenderse siempre como una urgencia, independientemente de que haya sido inmediata o haya sido hace años. Cuando una persona es capaz de contarlo es muy importante esa atención, porque esta clase de violencia tiene consecuencias físicas y mentales en las víctimas. Sin embargo, los sistemas de salud a veces no detectan los síntomas, con lo que revictimizan a la persona o la hipermedicalizan, pero no se atiende el problema que tiene.
¿Qué es lo que no detectan los sistemas de salud?
Lo normal, cuando se trata de una agresión sexual o un asalto sexual por parte de personas que no son los compañeros de las víctimas, es que las consecuencias físicas son tan graves que el abuso sexual suele detectarse. Pero la mayor parte de los casos no suceden de esta manera, sino que son abusos sexuales continuados dentro de las relaciones de pareja o en la infancia. La responsabilidad del sistema de salud está en conocer cuáles pueden ser los signos o síntomas que pueden esconderse tras un caso de abuso.
¿Cuáles son esos síntomas o signos a los que se refiere?
A riesgos relacionados con el ámbito sexual, como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, problemas ginecológicos y menstruaciones irregulares, las víctimas también pueden sufrir trastornos del sueño, de estrés postraumático, depresión, ansiedad y consumo desmesurado de analgésicos. Hay mucha investigación que demuestra que mujeres que han sido sometidas a violencia sistemática por parte de sus parejas o de sus familias, tienen índices más elevados de asma, de diabetes e incluso tienen mayores intervenciones quirúrgicas que mujeres que no han pasado por este tipo de procesos. El objetivo es que el personal de salud entienda que, determinadas cuestiones físicas o emocionales pueden tener otra causa detrás, como problemas psicosociales o de violencia sexual. No se trata de dar una pastilla o mandar a hacer una radiografía y ya.
Es decir que hay víctimas que entran al sistema de salud para que las traten por alguna enfermedad y detrás puede estar escondida la violencia sexual o de género...
Suele pasar y hay mucha investigación al respecto. Si se compara, por ejemplo, una muestra de mujeres maltratadas y no maltratadas y se mira el consumo de fármacos o el número de veces que van a consulta, los porcentajes son mucho más altos entre quienes son víctimas de este tipo de violencia. Incluso, hay una estadística que muestra que estas mujeres acuden más a los servicios de salud, lo que pasa es que no se trata la causa del problema. Por ejemplo, una mujer que acude por dolores músculoesqueléticos, pero detrás tiene una situación de abuso sexual, puede pasar que le den analgésicos y la manden a la casa; ella va a seguir yendo cada 15 días por ellos, pero no se trata la causa. Cada vez que ella llega a su casa la situación es la misma y vuelve a reproducirse en su cuerpo el problema de salud.
¿Cómo puede cambiar la vida de una persona que ha sido víctima de violencia sexual cuando tiene una atención adecuada?
El objetivo del trabajo con las víctimas es la recuperación integral, pero eso pasa no solamente por lo físico y lo emocional, sino por el empoderamiento y el aumento de la autoestima. Incluso los servicios jurídicos tienen mucho que ver, porque no deben desproteger a las víctimas, deben permitirles decir lo que les pasa y tener condiciones de seguridad para hacerlo. También son importantes los centros de acogida, donde las víctimas puedan pasar un tiempo durante el cual se trabaje con distintos profesionales en salud mental, médicos y trabajadores sociales.
¿Qué vacíos en la atención han encontrado en Colombia?
Llevo 15 días en el país, pero puedo hablar de lo que he visto, de lo que he leído y de lo que me cuentan. Hay un problema muy importante de coordinación, porque hay mesas de trabajo y normativa, pero se están gestando hasta ahora, entonces cuando hay que que derivar a una mujer que ha sido víctima es un problema. Otra cuestión, sobre todo en zonas de conflicto, es la inseguridad de los profesionales que denuncian las agresiones. Falta que desde las instituciones se les dé protección a las víctimas y al conjunto de profesionales.
¿Qué esperan ustedes de los profesionales de salud al terminar el taller?
Que entiendan que la violencia sexual es un problema de salud pública, no solo social e intrafamilar, y que tienen la responsabilidad de detectar estos casos y atenderlos. Otro de los objetivos es que aprendan a tratar con calidad, calidez y humanidad a las víctimas, porque no es un trato fácil, son personas que vienen muy mal, con la autoestima muy baja, necesitan tiempo y no deben ser juzgadas. Deben aprender a no revictimizar y darles las claves y herramientas para que cada persona pueda tomar sus propias decisiones y, desde allí, el sistema debe acompañarla para que puede ejercer esa decisión que toma. Nunca hay que tomar decisiones por las víctimas, porque terminan reproduciendo la situación y la relación de poder que estas viven en casa.
SERGIO CAMACHO IANNINI
REDACCIÓN SALUD
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